Por Walter Martelo (*)
Sólo en 1 de cada 10 hogares hay distribución equitativa de tareas entre mujeres y varones. Así se desprende del último informe del INDEC sobre el impacto del COVID-19 en la economía hogareña. Las desigualdades se agudizaron producto de la pandemia. Por eso es necesario encarar con urgencia una agenda de temas para favorecer la elaboración y aplicación de políticas públicas orientadas a combatir la violencia de género y reducir la brecha salarial; fomentar la equidad en la realización de actividades hogareñas, y defender y garantizar derechos con perspectiva de género.
El Día Internacional de la Mujer (8M), que surgió a partir de la lucha por derechos laborales a comienzos del siglo XX, es una oportunidad propicia para abordar esta problemática que afecta derechos de miles y miles de mujeres, entre ellas niñas y adolescentes sobre las que también recaen responsabilidades de tareas domésticas y de cuidado en el seno familiar.
En ese sentido, de acuerdo a una investigación cuantitativa realizada por el organismo científico nacional, que abarcó gran parte del período de pandemia y asilamiento del año pasado, en el 64,1% de los hogares que aumentaron la dedicación a tareas domésticas, esas actividades fueron realizadas por las mujeres de manera exclusiva o con mayor dedicación (sin considerar los hogares unipersonales). Le siguieron los hogares donde esas tareas las realizan solo, o con mayor dedicación, los hombres, que representaron un 20,1%. En tanto, sólo en el 15,1% de los hogares se afirmó que hubo una distribución equitativa de las tareas domésticas entre mujeres y varones del hogar.
Al analizar la distribución de tareas escolares y de cuidado, se detectaron desigualdades aún más profundas dado que la equidad solo se registró en el 8% y 7% respectivamente.
La situación en 2021 sigue siendo igualmente grave. La desigualdad se torna más acuciante en los hogares de menores ingresos, especialmente donde la ayuda paterna respecto de la escolaridad disminuye aún más. Las mujeres asumen en mayor medida la carga adicional que supone el acompañamiento de sus hijos e hijas para sostener el proceso educativo en el hogar.
Ante esta situación, a modo de propuesta, se exponen algunas iniciativas que puede servir de insumo en la elaboración de nuevas políticas públicas:
-Respaldar, promover y alentar la Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo y Trabajo No Remunerado (ENUT) prevista para el segundo cuatrimestre de este año, conforme las previsiones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). A partir de la información específica que se obtenga se podrán desarrollar políticas públicas que promuevan una equitativa distribución del trabajo remunerado y no remunerado.
-Implementar una perspectiva sensible al género en la formulación, aprobación parlamentaria, ejecución y control de los presupuestos del sector público. La Ley de Presupuesto 2021 en la provincia de Buenos Aires incluyó esta perspectiva, con lo cual sería muy importante su cumplimiento.
-En sintonía con las recomendaciones que vienen realizando organismos internacionales como la Cepal, se debería ampliar el espacio fiscal y aumentar la progresividad de los sistemas tributarios para garantizar las políticas de igualdad de género y derechos de las mujeres.
-Promover medidas dirigidas a que el crecimiento de los sectores tecnológicos vaya acompañado por el aumento de la participación de las mujeres, prestando especial atención a la eliminación de las barreras de ingreso en estos sectores.
-Contemplar estrategias de reconversión laboral para las mujeres, principalmente con miras a puestos de trabajo de la economía digital y ocupaciones que respondan a las demandas de la nueva realidad.
– Expandir la cobertura de la protección social para abordar la situación de las mujeres en su diversidad, evitando que el acceso a prestaciones y transferencias esté sujeto a condicionalidades.
-Garantizar el acceso de las mujeres a servicios y productos financieros sin que se reproduzcan sesgos de género en lo referente a evaluación de riesgo, historial crediticio, avales y garantías y tasas de interés.
– Invertir en la economía del cuidado y visibilizar sus efectos multiplicadores en términos de participación laboral de las mujeres, bienestar de la población, redistribución de ingresos y del tiempo, crecimiento de las economías y aumento de los niveles de recaudación tributaria.
(*) Defensor del Pueblo Adjunto de la provincia de Buenos Aires.